Los que sospechaban de las operaciones clandestinas que el mayor PNP (r) José Luis Carmen Ramos cumplía al servicio del presidente regional de Áncash, César Álvarez, lo llamaban ‘El Maquiavelo’ o, simplemente, ‘Vladimirito’. El ex oficial era quien pagaba con dinero del gobierno regional ancashino a los empleados de ‘La Centralita’ –local desde donde se seguía las comunicaciones de los opositores políticos de Álvarez– e incluso fue testaferro de la autoridad regional, según la investigación del Ministerio Público. La noche del último domingo, cuando agentes de Homicidios, así como del grupo Génesis lo buscaban en Chimbote y Trujillo, Carmen Ramos llegó con su abogado en un lujoso carro del año para presentarse en la Dirincri de Lima. Su entrega no sería más que una estrategia legal con miras a la inminente delación de sus cómplices detenidos el jueves pasado. Carmen Ramos era una de las 30 personas cuyo arresto preliminar había sido solicitado por integrar la presunta red criminal que encabeza César Álvarez. El ex policía, quien en esta relación aparecía en el puesto 15, es pieza clave para entender el porqué de la ola de corrupción y homicidios de corte político en Áncash.