La frase trillada "en política no hay casualidades" también es aplicable en los proyectos de gran envergadura, pues aquí confluyen en contraposición intereses de inversionistas, banqueros, operadores de servicios y contratistas; que inevitablemente originan la opinión de la clase política, dado que hay medidas que se toman desde las más altas instancias gubernamentales. Es el caso del trajinado Gasoducto Sur Peruano (GSP), que se viene discutiendo públicamente desde hace siete años, tiempo más que suficiente para que se tomen decisiones y vayamos del discurso a la ejecución de obras. Bastó que se dieran la semana pasada dos hechos concurrentes: el anuncio de no postergación de la fecha del 30 de junio próximo para la realización del concurso que definirá al consorcio ganador y que el zarandeado ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, que no pierde la ocasión de hacer declaraciones por doquier, anunciara que las tarifas de electricidad se incrementarían en 1%; para que se alzaran voces de protesta desde varios frentes. Y ya que estamos en política, las preguntas inmediatas que requieren absolución para entender el tema son: ¿qué se busca con la grita de cuello y corbata? y ¿a quiénes favorece la turbulencia que se pueda crear? El raciocinio empieza por analizar los dos hechos que han sido materia del jaleo. La no postergación y el alza de la electricidad, señala César Gutierrez.