Esta semana hemos vuelto a ver cómo la Comisión Permanente del Congreso aprueba normas de relevancia económica sin el imprescindible debate técnico. Parecería que hay implícita una confrontación con los técnicos del Ejecutivo y algunos congresistas, sin entender que se debe realizar un trabajo conjunto para que el país camine. Debe escucharse a los técnicos para tomar una decisión y es imprescindible construir una relación de confianza entre técnicos y políticos, que es, en muchos casos, inexistente. La ley sobre Petroperú permitirá, de entrar en vigencia, que el Estado explore y explote yacimientos de hidrocarburos, violando el rol subsidiario de la Constitución, que señala que el Estado no realizará actividades que realizan los privados. Esto no es un simple capricho. La experiencia nos ha enseñado que las empresas públicas en nuestro país, como en muchos otros, terminan arrojando pérdidas que asumimos todos. ¿Por qué? Básicamente porque nada es de nadie y no hay por ello un accionista que exija funcionarios de primer nivel y resultados óptimos para la empresa. Prima muchas veces el criterio político.Petroperú, una empresa a la que se le autorizó 206 millones de soles para inversiones el año pasado, ha gastado 29 millones. Por supuesto que esta incapacidad de gestión se la atribuyen a los controles del Estado. Se dice que es el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP- el que no la deja ser eficiente; raro, porque no hay proyectos en el SNIP que hayan sido paralizados. ¿Por qué? Porque para modernizar Talara, el anhelo justificado de Petroperú, se les ha pedido que presenten el objetivo del proyecto, la rentabilidad social del mismo y la sostenibilidad financiera. Hasta ahora no lo han hecho. Por supuesto, es mucho más fácil conseguir una ley que me excluya de esos trámites. Luego, tomando como excusa que no se les permite reinvertir sus utilidades, han decidido gestionar su exclusión del Fonafe, la empresa holding de las empresas del Estado que les dicta normas de cumplimiento obligatorio para orientarlas y permitir un orden dentro de las empresas de todos los peruanos, pero sobre todo, y lo más importante, para poder explicar el rendimiento de éstas. ¿Pero para qué pido reinvertir si ni siquiera he usado el dinero que tengo autorizado?Finalmente, como las normas sobre compras y contrataciones del Estado, a las que están sujetas todas las entidades públicas, les impiden, según dicen, competir, quieren tener normas especiales. ¿No sería más lógico que planificaran sus necesidades en vez de salirse de todos los controles? Peor aún, quieren absorber Perupetro, entidad que representa al Estado en los contratos petroleros y que, además, administra las regalías, que en el 2005 llegaron a los 1,800 millones de soles. Con esta fusión, Petroperú pasa a ser juez y parte, pues competirá con los privados, pero además será la contraparte en los contratos que éstos firmen. En suma, es más fácil que una empresa cuestionada por la Contraloría pida excluirse de todos los controles públicos para seguir operando. Es más fácil tener directores inamovibles por tres años, cosa que no tiene ninguna empresa pública. Es mejor no pasar por las normas de todos y comprar y contratar con normas ad hoc. En suma, un buen ejemplo. No cumplamos los controles, eliminémoslos. Finalmente no importa, lo que pierda Petroperú es de todos los peruanos, señala Cecilia Blume.