La posibilidad de que el Estado Peruano presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, un pedido de opinión consultiva sobre la operación comercial entre Epensa y El Comercio fue calificada ayer como una violación constitucional y un nuevo intento de injerencia política, esta vez a través de la OEA, en un asunto que ya se encuentra judicializado. Ántero Flores-Aráoz, ex representante del Perú ante este organismo hemisférico, señaló que si bien el Estado Peruano, por medio de su embajador, Juan Jiménez Mayor, puede solicitar opiniones consultivas, el artículo 139 de la Constitución impide que "otras autoridades puedan pronunciarse sobre temas que están judicializados". El artículo mencionado señala que "ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones".Según Flores-Aráoz sería inconstitucional que el propio gobierno o sus representantes interfieran en el Poder Judicial. "Si lo hiciera a pesar del cuestionamiento constitucional, podría denunciarse a la canciller por infracción constitucional".