Crecientes expresiones de rechazo motivó ayer la decisión del Ministerio de Energía y Minas de que la construcción de la red del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que será negocio de una transnacional, se financie con el dinero de todos los peruanos mediante un incremento de las tarifas eléctricas. Congresistas y asociaciones de consumidores se sumaron a expertos en temas energéticos en la oposición al esquema en el cual el ciudadano de a pie se convierte en financista de las grandes empresas.Mediante un decreto supremo el MEM estableció el "Adelanto de los Ingresos Garantizados" al futuro operador del GSP, cuya buena pro se otorgará el próximo 30 de junio."Las tarifas de energía eléctrica se ajustarían gradualmente recién a partir del año 2015, desde un 1% y gradualmente en ese porcentaje hasta el año 2020, como parte del sistema de compensación tarifaria que se aplicará al Gasoducto del Sur Peruano", estimó Mayorga.Al respecto, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), comentó que en los últimos años "se está dando la mala costumbre en el Perú que las empresas que ganen las licitaciones no inviertan capital, si no que esperan que los financien todos los peruanos".