No le duró mucho tiempo la jugada. El dos de abril del 2013, la Fiscalía Anticorrupción del Santa abrió investigación contra el presidente de la región Áncash, César Álvarez Aguilar, y a otras cinco personas que trabajaban para él. Se le atribuía relación con un centro de espionaje conocido como "La Centralita", dedicado al seguimiento de autoridades, opositores y periodistas críticos de la administración regional de Álvarez.Muy poco después, el 10 de junio de ese mismo año, un juez de Áncash concedió a César Álvarez y a los otros cinco investigados un hábeas corpus con el que se libraron rápidamente del caso. Álvarez, en lugar de aclarar ante las autoridades su participación en los hechos, prefirió el expediente del hábeas corpus ante autoridades judiciales benevolentes, por decir lo menos.La Fiscalía Anticorrupción local, sin embargo, acaba de conseguir que el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, Richard Concepción Carhuancho, resuelva a favor de ampliar "virtualmente reiniciar" la indagación a Álvarez, a su asesor personal Jorge Burgos Guanilo y a cuatro periodistas que, según ex trabajadores del gobierno regional de Áncash, laboraban a órdenes de este en "La Centralita".