Es totalmente inadecuada la decisión tomada por la Comisión Permanente del Congreso sobre el futuro de Petro-Perú, al liberarla de los controles, sobre todo en los gastos, a que deben estar sujetas las empresas del Estado. Por mucho que se intenta, no se puede encontrar explicación a la medida, fuera de los motivos perversamente electoreros.La justificación de la Comisión Permanente de que esto es necesario para incrementar la eficiencia de la empresa estatal no tiene sentido. Recién la semana pasada, informábamos cómo Petro-Perú dejó de realizar en el 2005 el 85% de las inversiones que tenía programadas y ya aprobadas por los diversos organismos de control. Y todo por engorrosos procesos burocráticos que imposibilitaron las metas en cuestión.No se trata, pues, de eficiencia, sino simplemente de atraer los votos de ciudadanos de Talara y de la gran masa de peruanos que siguen viendo en el Estado la fuente de recursos fáciles, es decir, la mamadera de siempre. ¿De qué otra manera se podría explicar que en los últimos meses del actual gobierno se decida dejar sin guardianes a la empresa estatal que fue la escandalosa "caja chica" desde los inicios del presente régimen?Por lo demás, la idea de fusionar Perú-Petro (empresa encargada de adjudicar las concesiones petroleras con Petro-Perú) va incluso más allá. No se trata aquí solo de tener acceso a una ilimitada fuente de corrupción, sino que se pone en riesgo el futuro de nuestro desarrollo petrolífero. Y con eso, señores, no se puede jugar.El presidente Alejandro Toledo ha hecho bien en guardar distancia y, de seguro, este tipo de actitudes maduras y responsables son las que podrían explicar su subida en las últimas encuestas de opinión.El siguiente paso debe ser que el mandatario observe la ley, no sin antes darle un merecido jalón de orejas a su bancada y, en especial, a quien la encabeza en el Congreso de la República. Ello por ponerlo, una vez más, en el disparadero y en la incómoda situación de tener que observar, otra vez, una nueva ley populista.