A 16 días de concluir el plazo que dio el Gobierno para la formalización de la pequeña minería, Hernando de Soto, presidente del ILD, advirtió que el descontento generado al interior del país contra ese proceso podría generar una desobediencia masiva. Observó que, por alguna razón, los cerca de 500,000 mineros informales, de los que podrían depender indirectamente 3 millones de personas, son reacios a seguir la serie de exigencias que ha impuesto el Gobierno para su formalización. De la experiencia observada en los procesos de formalización realizados con éxito en otros países, concluyó que la negativa a la formalización de pequeños mineros, podría representar un problema que requiere una solución más política que técnica."No creo que tenga mucho efecto la ley (para la formalización), cuando hay una desobediencia masiva, lo que va a hacer es debilitar todas las otras normas, porque si el Estado propone algo que no puede ejecutar, si fuera el caso, pierde vigencia la norma, y se comienza a crear un país, en su mayoría no gobernado por el Estado", subrayó.
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