En el corto plazo, ampliar el plazo de formalización no sería la solución a la coyuntura. Esta situación no se arreglará facilmente pues los dueños de las concesiones no se sienten cómodos en darles un permiso o contrato a los mineros para que utilicen sus hectáreas, afirma Alfredo Dammert, expresidente de Osinergmin.El segundo tema es que al minero informal se le pide un estudio de impacto ambiental (EIA), lo cual es un requisito muy exagerado. En mi opinión, para aquellas concesiones que se ubiquen en un arenal solo se debería pedirles un compromiso que cumplirán con la normativa ambiental. En tercer lugar, hay una demora excesiva con la respuesta de los documentos en las Direcciones Regionales de Minería. Finalmente, no ha sido buena idea la destruccion de algunas dragas porque eso ha hecho que los mineros se pongan en pie de lucha y ello desincentiva la formalización. A largo plazo la idea es que el Estado tenga más presencia en las zonas donde se ubica la pequeña minería para que así se cumplan las leyes