A pocas semanas para que la actividad minera en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata sea desterrada, las autoridades no cuentan con los medios logísticos ni el personal preparado debidamente para enfrentar a los más de 30 mil mineros desplegados aún en la zona. Esta situación fue constatada por el propio fiscal supremo de Control Interno, Carlos Ramos Heredia, durante una visita que efectuó a Puerto Maldonado, y a Mazuko y Huepetuhe, dos localidades que concentran la minería informal e ilegal.El alto magistrado del Ministerio Público confirmó en estos puntos que el número de fiscales es insuficiente y que los fiscales no están debidamente preparados para combatir el delito ambiental.En algunos casos los fiscales ponen en manos de los mismos mineros el oro o el dinero incautado en un primer momento. El 11 de mayo del 2013, la policía intervino a Simeón Rivas Condori y Franco Rivas Cabrera con 3,300 gramos de oro, cargamento cuya procedencia lícita no pudieron demostrar.
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