Faltando casi un mes para concluir el plazo dado a mineros que operan al margen de la ley para que cumplan con los requisitos para su formalización, la Defensoría del Pueblo advirtió que aún existen problemas pendientes de resolver para poder incorporar a la formalidad, a más de 200 mil personas que se dedican a esa actividad. El escollo principal es lograr acuerdos y la consiguiente firma de contratos entre los titulares de las concesiones mineras, los dueños de los terrenos donde estas se ubican, y los mineros informales que operan en esas zonas, afirmó Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la institución. Ese acuerdo contractual, recordó, es necesario para que los citados mineros puedan presentar su Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), que es uno de los requisitos que se les exigen para su formalización. Hasta hoy, apenas hay siete IGAC aprobados en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco,Huancavelica y Puno.
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