En pocos días de ejercicio, el nuevo gabinete ha experimentado discrepancias públicas en temas sensibles que evidencian un complicado proceso de construcción de equipo, y esto podría deberse tanto a la urgencia con el que fue formado como a las dificultades que encuentra un gabinete que se precia de su perfil tecnocrático y no político.La primera divergencia se refiere al papel de la primera dama. El premier y otros miembros del gobierno sostienen que debe ser reglamentado, en tanto que otros ministros sostienen lo contrario. La segunda y más aguda se refiere a los estudios de impacto ambiental. El flamante ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, anunció que las exploraciones sísmicas en los lotes petroleros estarán exoneradas del estudio de impacto ambiental (EIA) como una medida para acelerar las inversiones en el sector hidrocarburos.Casi de inmediato, el Ministerio del Ambiente (MINAM) aclaró que el Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades de hidrocarburos está en elaboración, en la fase de debate técnico y que no existen decisiones finales tomadas. El MINAM ha hecho notar su condición de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que los reglamentos ambientales deben contar con su opinión favorable de acuerdo con la ley.Un desmentido de este calibre ha debido contar con el visto bueno presidencial y es de esperar que en torno al tema continúen las escaramuzas, las que aunque en menor intensidad se han apreciado en otros temas de la agenda ambiental/extractiva como la Ley de la Consulta Previa, las operaciones del proyecto Conga (Cajamarca) o la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).No obstante, más allá del desencuentro mismo y de su significado para el funcionamiento del gobierno, no deja de llamar la atención el sentido de las expresiones del nuevo titular de Energía y Minas sobre un aspecto crucial de la actividad extractiva; él ha señalado que se debe pasar de la “tramitología” y de la “permisología” a la acción, y que las empresas “saben lo que tienen que hacer”, repitiendo los lemas más comunes de un sector empresarial que se resiste a las prácticas de responsabilidad social y a una relación armoniosa con las comunidades.La visión del nuevo liderazgo del Energía y Minas no es ni nueva ni aconsejable. Va en un sentido contrario a lo realizado por este gobierno, bajo el entendido de que es necesario cambiar la lógica hasta hace poco predominante en el Estado, que consideraba las demandas ambientales como un estorbo para el desarrollo, y a las poblaciones relacionadas directamente con las inversiones extractivas como politizadas. Esta visión superada oficialmente agudizó los conflictos sociales y los condujo hacia escenarios cruentos con el costo de 191 muertos en el gobierno anterior y otros 16 durante en el actual.Desde una política responsable, equilibrada y de compromiso conjunto se han aprobado normas y creado instituciones que responden a esa nueva visión; es el caso de la consulta previa, el SENACE, el fortalecimiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería Ilegal, Interdicción y Remediación Ambiental.Deben evitarse las divergencias públicas en el gabinete, y no debe desandarse el camino recorrido.(Edición domingo).