Destrabar los proyectos del Gasoducto del Sur y la modernización de la Refinería de Talara El gabinete Cornejo ha iniciado sus funciones y está a la espera del voto de investidura parlamentaria. En esa dirección se han esbozado sus primeros lineamientos. Estos han puntualizado en el carácter técnico de sus decisiones aunque han debido ser matizados por otros compromisos, principalmente el diálogo con los partidos políticos y los gobiernos regionales. Uno de los temas que enlazan las decisiones técnicas con las políticas son los grandes proyectos anunciados y no iniciados. El primer caso es el Gasoducto del Sur en cuya demanda se realizó la semana pasada un contundente paro de 48 horas en el Cusco, silenciado por buena parte de los medios de comunicación. Con esa ocasión, más de 50 mil personas se movilizaron en la ciudad imperial para reclamar en este caso la apertura de un proceso transparente y eficaz que garantice su concreción. Siendo un proyecto electoral que mereció el respaldo del sur en las urnas fue, sin embargo, desnaturalizado. El Congreso aprobó dos normas que impulsan esta iniciativa y a pesar de ello ha sufrido dos postergaciones, la primera el 7 de octubre y la última el 17 de febrero pasado, a pedido de las empresas interesadas, según se dijo. Incluso en las condiciones actuales, el proyecto, que implica una inversión de U$D 2,500 millones, no garantizaría la masificación del uso del gas en el sur, que depende en gran medida del desarrollo de la industria petroquímica que no está considerada en el esquema actual desde que se desechó la planta de separación de etano. Si se persiste en centrar el emprendimiento del nodo energético el proyecto podría terminar solo reforzando el transporte del gas a la costa. Otro tanto sucede con otro proyecto de envergadura, la modernización de la Refinería de Talara, cuyos arreglos institucionales se iniciaron en el anterior gobierno. Luego de varios retrasos, el Congreso aprobó hace meses la Ley de la Modernización de la Refinería de Talara, Ley N° 30130, aunque han surgido los inconvenientes ya previstos fruto del escaso protagonismo entregado a Petroperú para la ejecución del proyecto. Las últimas versiones publicadas dan cuenta de que la petrolera estatal tiene dificultades para disponer de más de U$D 500 millones para el adelanto del inicio de las obras. Un crédito puente de esa cifra camina con pies de plomo en tanto que en el presupuesto vigente esta operación ni siquiera está consignada. La pregunta en relación con estos proyectos cruciales es sobre la capacidad de la nueva conducción del ministerio para plantear una perspectiva sectorial de estos, con un grado de autonomía respecto de la lógica del Ministerio de Economía y Finanzas, el sector precisamente autor de los retrasos, vacilaciones y cambios que precarizan estos proyectos. El nuevo ministro de Energía y Minas tiene las credenciales suficientes para liderar el relanzamiento de estos compromisos, solo con la condición de que defienda en ellos el papel promotor del Estado y la capacidad reguladora y articuladora de Petroperú, Perupetro y Electroperú. La agenda del sector, en la que también se ubican otros temas como la explotación de hidrocarburos, requiere asimismo de reformas en la gestión de los problemas y de los procesos. La primera de ellas es una dinámica estrategia de relación con la sociedad para recuperar el sentido común de la opinión pública y su confianza, el déficit más visible de la anterior gestión.