En medio de la turbulencia política por su participación accionarial en la empresa Cemento Amazónico, que obtuvo una concesión minera un año después de que asumió su cargo como legisladora, la flamante ministra de la Mujer respondió respecto a este tema por el cual ayer se le abrió investigación preliminar en la Comisión de Ética del Parlamento. Y apenas han transcurrido siete días desde que juró en el cargo. ¿El caso de la compañía minera en la que usted es socia fue visto en el Consejo de Ministros de hoy (ayer)? Ligeramente, sí. Yo pedí tocar el tema. Pero más se evaluó la agenda de la presentación (ante el Congreso, por el voto de confianza). Los ministros dijeron que era un tema material y más que querer una opinión de ellos, buscaba que estén tranquilos. Les proporcioné el informe legal del estudio Benites, Forno & Ugaz sobre el caso. ¿El ministro de Justicia, como asesor jurídico del Ejecutivo, le dio su opinión? Daniel Figallo, que es abogado, me dijo que es un tema que está bastante claro, que no hay incompatibilidad (del cargo de congresista con el de accionista de la firma). Y, bueno, él como profesional conoce más esos aspectos que nosotros. ¿Considera que el Gobierno la respalda en este tema Creo que lo correcto es que ellos se pronuncien y no que yo lo diga. ¿Cómo surgió el interés de crear Cemento Amazónico y de operar en Huánuco? Esta región no tiene canon y es la segunda más pobre de todo el país. Desde esa perspectiva, en conversaciones informales con la familia de mi excónyuge Luis Dyer se veía qué inversión hacer, en qué rubro entrar. Fui la más entusiasta de hacer algo en Huánuco y en un área en la que actualmente no hay mayor inversión porque es zona de emergencia; Tingo María es la segunda ciudad con mayores víctimas de violencia de la época del terrorismo.