El fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Antonio Fernández Jerí, resaltó hoy que las normas legislativas actuales permiten la erradicación de la minería ilegal y dan el sustento legal para las acciones de interdicción.En ese contexto, recordó que la sanción penal para los que se dedican a esta actividad ilícita van desde los 4 a 8 años de cárcel y aumenta a 12 por la figura de lavado, para los que la financian."Desde que se ha criminalizado la minería ilegal han pasado dos años, y en el último año hemos unificado nuestros criterios de actuación con las instituciones citadas, además de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) que nos ayuda en la zona amazónica. Es muy importante la alianza estratégica para el éxito del operativo", enfatizó.