En noviembre pasado, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) aprobó un anteproyecto de ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de corrupción. A partir de entonces se iniciaron conversaciones con el sector empresarial, cuenta la jefa de la CAN, Susana Silva. La propuesta dice que las empresas serán penalmente responsables cuando los delitos se realicen "en su nombre o por cuenta de las mismas, y en beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales, contractuales, órganos colegiados y sus administradores de hecho o derecho en el ejercicio de las funciones propias de su cargo". Las penas pueden ir desde una multa, la clausura del local, desde temporal hasta definitiva,además de la suspensión para contratar con el Estado por un plazo no mayor de cinco años.
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