AL FINAL DEL TÚNEL

La empresa canadiense Bear Creek Mining ha dado cuenta al gobierno peruano -a través de una comunicación enviada al Ministerio de Economía y Finanzas- del aviso de intención de llevar el caso del Proyecto Santa Ana al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con el fin de iniciar el proceso de arbitraje internacional bajo la protección del Tratado de Libre Comercio que nuestro país ha suscrito con Canadá y que establece el procedimiento para resolver controversias entre los Estados y las empresas. Perú y Canadá son signatarios del CIADI, debiéndose señalar que los fallos de este organismo son inapelables y de cumplimiento obligatorio para las partes.Recordemos que esta empresa obtuvo permiso del gobierno para operar dentro de los 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, atendiendo el pedido de las propias comunidades y conforme al informe -como era de rigor- del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo que sustentó la declaratoria de necesidad pública. En función de ello se emitió el D.S. 083-2007-MEM. Así, la empresa adquirió las concesiones del proyecto Santa Ana inscribiéndolas en Registros Públicos, conforme lo establece la normatividad legal peruana.Sin embargo, el año 2011 y luego que Bear Creek Mining presentara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Audiencia Pública en el distrito de Huacullani, que se desarrolló de forma pacífica, con amplia convocatoria y asistencia, dirigentes antiinversiones encabezados por el tristemente célebre Walter Aduviri soliviantaron a las poblaciones del sur con el conocido discurso demagógico de siempre. De otro lado, pobladores de Inambari (del extremo norte de Puno), por temas propios de su zona norte, se movilizaron a Juliaca y tomaron el aeropuerto enfrentándose a la Policía que logró desalojarlos, con el lamentable saldo de varios muertos. El desorden provocado por Aduviri, por su parte, desencadenó el terror en la ciudad de Puno con incendio de locales públicos, saqueo de negocios y atentados contra pacíficos ciudadanos e incluso turistas que nada podían hacer ante hordas desbordadas. Hay un proceso judicial en marcha, pero como siempre el Poder Judicial no resuelve el tema y los incendiarios -de los que hablaba Basadre- siguen paseándose impunemente y aún pretenden presentarse como candidatos en las elecciones municipales y regionales de octubre.El gobierno anterior, jaqueado por estos acontecimientos ajenos y no vinculados al proyecto Santa Ana, pero teniendo presente la traumática experiencia de Bagua, así como la asonada en Tía María, no vio otro camino sino el acceder a todos los caprichosos pedidos de Aduviri, cediendo por la vía más rápida ante el chantaje social provocado, siendo una de las peticiones concedidas la cancelación del permiso a Bear Creek Mining para operar en zona de frontera. Lo evidente es que el gobierno ya estaba en la recta final de su gestión, por lo que cedía a cualquier presión venga de donde viniera ya que, en buena cuenta, no quería complicarse en sus últimos días. El decreto supremo que se expidió al respecto es, a juicio de entendidos en materia legal, una aberración jurídica, carente de considerandos objetivos, por lo que es calificado de expropiación indirecta.Debe advertirse en todo esto que las comunidades aledañas al Proyecto, especialmente la de Huacullani, apoyaron el Proyecto y, según tenemos entendido, lo siguen haciendo al comprobar que su situación de postración, después del "aymarazo", los tiene aún más postrados en la pobreza, en general. La zona sur de Puno fue dañada con tal asonada.En más de una oportunidad desde EXPRESO hemos alertado a las autoridades nacionales que debía resolverse este asunto, y que dejarlo para las calendas griegas iba a ser perjudicial para el Perú. Sabemos que en el actual gobierno ha habido reuniones para encontrar solución, pero como siempre todo queda en promesas. Este es un signo de preocupante desatención por parte del Ministerio de Energía y Minas a un asunto de especial relevancia no solo porque el gobierno tendrá que desembolsar cientos de millones a la empresa, de los bolsillos de todos los peruanos, sino fundamentalmente porque es un pésimo mensaje a los inversionistas que el próximo mes se reúnen nada menos que en Canadá, en la Convención Mundial de Exploradores Mineros (PDAC) y de la que irónicamente el Perú es sponsor oficial.¿Alguien creerá que, en efecto, el Perú promueve las inversiones, cautela los derechos de quienes arriesgan su capital, respeta plenamente el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho, mientras se "mece" a una empresa canadiense a la espera, quizá, de una solución milagrosa o que el problema siga insoluble hasta cuando venga el próximo gobierno?El prestigio del Perú y la perentoria necesidad de contar con capitales que coadyuven a nuestro desarrollo hacen imperativo resolver pronto este asunto porque, según lo establece el TLC entre Canadá y Perú, hay todavía seis meses antes de entrar formalmente al mecanismo de arbitraje para encontrar esa fórmula justa y amistosa, de la que hablaba reiteradamente el ministro Merino pero respecto de la cual no se han tomado acciones concretas, señala el periodista José Luis Patiño.