El ministro de Justicia, Daniel Figallo, defendió la legalidad y constitucionalidad del Decreto Supremo Nº 023, que aumenta los sueldos a los altos funcionarios del Estado, tras señalar que el Ejecutivo está facultado para emitir esa norma.Dijo que la Ley del Servicio Civil, en su artículo 52, establece que por decreto supremo se determinarán las compensaciones económicas de estos servidores. Además, la Ley de Presupuesto 2014, que exonera al Ejecutivo de los límites establecidos por la ley para este aumento, como el principio de que nadie puede ganar más que el Jefe del Estado. Refirió que es posible regular estos aumentos por decreto supremo y añadió que esa potestad no es privativa del Poder Legislativo.