ESTADO NIEGA HABER COMETIDO EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Durante dos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó la defensa final del Estado peruano a la operación Chavín de Huántar y los alegatos de quienes consideran que sí se produjeron ejecuciones extrajudiciales en el rescate a la residencia del embajador japonés en 1997. Allí, Juan Jiménez Mayor, representante de Perú ante la OEA, sostuvo que han dejado en claro que sí se respetaron los estándares internacionales durante la intervención militar, con lo cual descartó que los comandos hayan eliminado a algunos miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) cuando estos ya estaban rendidos.Desde San José (Costa Rica), dijo que le explicaron al Tribunal que la intención primordial de esa intervención militar era salvar la vida de los rehenes."Hemos tratado de convencer a la Corte IDH de que este fue un operativo militar exitoso. Que no existió una política de arrasar con las huestes terroristas, sino de controlar la residencia, el orden público y salvar la vida de los rehenes", dijo en declaraciones a RPP.