Han pasado ya siete meses desde el escándalo provocado por el audio en el que los peruanos pudimos escuchar vívidamente cómo nuestros representantes en el Congreso se repartían los nombramientos con los que habrían de llenarse los seis puestos vencidos del Tribunal Constitucional (TC). Una negociación en donde lo único que parecía importar a las diferentes facciones era asegurarse su cuota de poder en la institución. Una "repartija" particularmente descarada, teniendo en cuenta que la principal razón de ser de un TC es justamente limitar el poder de nuestros congresistas, al ser el encargado de declarar la invalidez de cualquier ley que atente contra la Constitución. En suma: una operación en la que nuestros representantes ensayaron no simplemente una toma del TC, sino también una violación del mismo.Peor aun, ha trascurrido ya más de un año y medio desde el más reciente de los vencimientos de los seis magistrados (de un total de siete) cuyo período ya caducó sin que hayan sido reemplazados, y ni más ni menos que cuatro años y medio desde el primero de estos vencimientos. En otras palabras, por culpa de los amarres y la simple inoperancia del Congreso, hace años que nuestro principal órgano de justicia funciona semifantasmalmente, con casi todos sus integrantes con sus períodos vencidos y a la espera de unos reemplazos que nunca llegan.Está claro pues que, ahora que se aproxima la presentación de la lista de candidatos en la que se estarían poniendo de acuerdo las bancadas, no hay espacio para nuevos errores. Cualquier renovado intento de llenar el TC con alfiles políticos sería más que un puntillazo para la imagen de un Congreso que tiene una aprobación (7,4%) que se aproxima al margen de error de las encuestas. Sería también un acto en el que, predeciblemente, el Congreso tendría que volver a retroceder -es de esperar que la indignación ciudadana que produjo "la repartija" solo se multiplique ante una eventual secuela de la misma- y que dejaría así al TC indefinidamente en su deriva institucional actual. Y hay que decir que si esta deriva es siempre peligrosa en un órgano que tiene que tomar decisiones de la envergadura de las que corresponden a un TC, nunca lo es tanto como cuando hay indicios de que podrían presentarse situaciones irregulares con miras a las próximas elecciones y que podrían tener que zanjarse en este tribunal. Considerando sus antecedentes, que nuestro Congreso venga con una lista intachable, que blinde con legitimidad al nuevo pleno del TC, podría parecer una misión irreal. No lo es tanto, sin embargo, si en lugar de volver a intentar sacar la nueva lista de nombres de debajo de su propia manga, el Congreso más bien se dedica a recogerla de la sociedad. Es decir, si, como ya hemos propuesto en otra oportunidad, escoge a los nuevos magistrados del TC de las listas de los árbitros más nombrados como presidentes de tribunales en las principales cámaras arbitrales del país: los abogados a los que por su honestidad, independencia y pericia profesional los privados confían voluntariamente sus propios asuntos. Una forma así de elegir al TC tendría dos grandes ventajas. Por un lado, minimizaría la politización del proceso: la decisión, en realidad, más que el Congreso, la estaría tomando la sociedad descentralizadamente -es decir, la estaría tomando la suma de las preferencias individuales que se dan en ella-. Por otro lado, comoquiera que los temas que se resuelven en las aludidas cámaras incluyen casi la totalidad de los asuntos más grandes que se ven en el país, esta sería también una manera de aprovechar socialmente la sofisticación con la que sus partes (y sus asesores) escogen a sus jueces -es decir, una manera de poner al alcance de todos el tipo de justicia que normalmente solo pueden pagar quienes tienen cuantiosos recursos-. En cualquier caso, una cosa es clara: use o no el Congreso este método para elegir a los nuevos miembros del TC, los magistrados que finalmente nombre tendrán que poseer las mismas características que un sistema de elección como el descrito aseguraría. Esto es, gozar de un prestigio técnico y personal que ponga su elección por encima de cualquier sospecha de politización y, en general, ser el tipo de jurista en cuyas manos pondrían sus propias controversias quienes mayores recursos e información suelen tener a la hora de escoger a quien confiárselas.