El presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, ha hecho un importante y tajante deslinde, al afirmar que su entidad respetará la competencia jurisdiccional, plena y exclusiva, del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral.Esta declaración debe poner fin al enojoso y peligroso entredicho, azuzado por algunos sectores irresponsables e interesados, que pretendían dejar una puerta abierta para que el Poder Judicial, y en última instancia el TC, intervengan en cuestiones electorales.Tal prospecto, como ya lo hemos advertido, sería realmente caótico, pues la elección de un presidente --y más aún de 120 congresistas-- pudiera verse suspendida indefinidamente mientras los jueces resolviesen la apelación que otro candidato hubiera hecho de lo decidido por el JNE. ¿Y quién gobernaría el país? ¿Quién evitaría que se llegara incluso hasta la Corte Suprema y la CIDH, lo cual sería patético y vergonzoso para todo el país? Es decir, un atolladero jurídico de nunca acabar.Al respecto, fue correcto y oportuno que el Congreso de la República decretara que los fallos de la entidad electoral no puedan ser revisados por otra instancia ajena, lo cual ahora ha sido ratificado por la máxima autoridad del TC. Queda pues sin piso cualquier iniciativa que pretenda pedir la inconstitucionalidad de la norma congresal.Hay que denunciar enfáticamente a quienes quieren crear un río revuelto en el que puedan ganarse alguito, y saludar los pronunciamientos del Congreso y ahor adel TC que aseguran no solo la estabilidad electoral y política en momentos críticos, sino que reafirman el ordenamiento constitucional, uno de cuyos principios básicos es la división de poderes. El JNE es la máxima instancia en el sistema electoral y el Poder Judicial en el campo de la administración de justicia común.