La primera conclusión del informe final del Caso Business Track S.A.C .(BTR), cuya aprobación depende del pleno del Congreso, es lapidaria, pues señala que el ex presidente Alan García Pérez, el ex primer ministro Jorge del Castillo, el ex titular de Salud Hernán Garrido-Lecca y Miguel Hidalgo Medina, quien fuera jefe de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro), formaron parte de "una organización delictiva" para evitar el esclarecimiento de las actividades ilegales de interceptación telefónica.El informe advierte que existen "indicios suficientes" de la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, tipificada en el artículo 317 del Código Penal y señala que tanto García Pérez como Del Castillo, Garrido-Lecca e Hidalgo Medina también evitaron "el conocimiento público de las grabaciones telefónicas que mostrarían la interferencia de miembros del Gobierno y [del] Partido Aprista" en los contratos de las empresas estatales.No es todo. El informe dice también que el fiscal Walter Orestes Milla López -quien tuvo a su cargo la investigación preliminar del Caso BTR- también incurrió en ilícitos penales como por ejemplo encubrimiento personal y omisión del ejercicio de la acción penal. Esto por haber excluido del proceso penal en el cual se investigaron los hechos de escucha e interceptación telefónica a Ismael Medardo Matta Uribe.