El vicepresidente del Movimiento de Afirmación Social (MAS), Olmedo Auris, rechazó la petición de la fiscalía penal de San Ignacio, que solicitó treinta años de cárcel para Gregorio Santos Guerrero, y precisó que se trata de inhabilitar políticamente al presidente regional de Cajamarca."Están buscando impedir que nuestro presidente haga vida política en el país. Vamos a asumir su defensa legal porque esta resolución fiscal carece de fundamentos y pruebas de que Gregorio Santos haya instigado a la población. Es una persecución política", afirmó Auris.