La muerte de 27 civiles en enfrentamientos con la policía durante las marchas contra los proyectos de minería, así como las acusaciones penales desproporcionadas a las que se enfrentan los manifestantes fueron destacadas en el informe mundial de Human Rights Watch (HRW) en lo que refiere al caso del Perú.El documento precisa que estas muertes se contabilizan desde que el presidente Ollanta Humala asumió el poder, en julio de 2011.Destaca la creación de la Oficina Nacional de Diálogo, aunque advierte poco progreso para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los decesos, así como para que policías y militares respondan por el uso ilegal de la fuerza.