Si bien existe el esfuerzo por parte de todas las instituciones involucradas en la lucha contra la minería ilegal, hay una serie de acciones pendientes que impiden que se avance adecuadamente con dicho objetivo, así lo señaló Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente. Mediante una supervisión realizada por dicha adjuntía se detectó más de diez acciones pendientes que permitirían mejorar la formalización minera, la erradicación de la minería ilegal y la remediación ambiental de la áreas afectadas.Entre dichos puntos, detalló Abanto, se encuentra la insuficiente intervención en plantas de beneficio ilegales, la falta de aprobación de las normas reglamentarias del uso del GPS para maquinarias y equipos por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (ver tabla). La adjunta para el Medio Ambiente recordó que la tarea de erradicación de la minería ilegal es una política pública que requiere la intervención, de numerosas instituciones públicas tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales así como entidades autónomas como el Poder Judicial o la Fiscalía.
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