Un grupo de ONG locales e internacionales encabezadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y el Ambiente (CEDHA) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medida cautelar en contra del Estado Peruano, solicitando que este tome acciones inmediatas para proteger el derecho a la salud de los pobladores de La Oroya. Astrid Puentes, directora legal de AIDA, señaló a El Comercio que la medida se presenta porque La Oroya representa una de las zonas más contaminadas de América Latina. Puentes se mostró crítica respecto al rol jugado por el Estado Peruano en este tema, porque "en lugar de proteger la salud de los pobladores de La Oroya, ha dilatado las medidas a implementar para controlar la contaminación y no ha exigido el cumplimiento de las normas ambientales y de protección a la salud pública".