Riesgo latente. La congresista Lourdes Alcorta advirtió que el gobierno peruano podría incorporar –a modo de venta– el 49% de acciones de Petroperú a la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), lo que resultaría un verdadero engaño de parte del Poder Ejecutivo hacia todas las bancadas parlamentarias que aprobaron el proyecto referido a la modernización de esta empresa. “No deja de ser muy preocupante esta posibilidad, que PDVSA asuma el 49% del accionariado de Petroperú, por lo que particularmente me sentiría engañada y defraudada por el Gobierno”, dijo. Y es que la preocupación de la representante de Unión Regional se basa en que, si bien al momento que se convoca a una licitación se adjudican las acciones a quien ofrece el mayor precio y las condiciones de compra, “esto significaría que el chavismo estará metido dentro del Estado peruano”, lo que debe tomarse como “un tema muy sensible para todos los peruanos”, sin menospreciar al pueblo del país llanero. Alcorta Suero asimismo indicó que de tener a PDVSA en el Perú, significaría también que el Congreso de la República nunca más le dé luz verde al Gobierno para que pueda realizar proyectos de inversión de este tipo ni a temas de confianza, pues este hecho representaría una bofetada a la buena voluntad de los representantes de todas las bancadas. “Habría que recordar que el presidente Ollanta Humala tuvo varias reuniones con el fallecido Hugo Chávez y también con el actual presidente Nicolás Maduro, por quien Venezuela hoy está sometida a sus caprichos y decisiones descabelladas, y el Perú no puede comprometerse con una dictadura, de ninguna manera”, reclamó la parlamentaria. Asimismo recordó que la modernización de Petroperú y la refinería de Talara se aprobaron porque todos los legisladores estuvieron de acuerdo con el desarrollo del norte del país, en la esperanza que tienen miles de piuranos por este tema, por esta propuesta que siempre fue sensible, compleja, que trajo desconfianza, por lo que se le dio el voto de confianza. “Esperemos y confiemos que el Gobierno tenga el tino y la prudencia debida al momento de decidir, y que no se haga contrato con una empresa cuestionada y con un país donde se vive en dictadura”, sentenció la funcionaria.