La mayoría de casos son de seguridad, servicios de salud y construcción. Según reportes del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), un total de 105 empresas inhabilitadas se adjudicaron en los últimos tres años jugosas licitaciones públicas por S/.398 millones. Esto fue posible gracias a que un grupo de magistrados acogió alrededor de 50 medidas cautelares que estas compañías entablaron, para dejar sin efecto la sanción que recibieron por falsificar documentos y otras graves infracciones. Desde el 2011 se han multiplicado las acciones de amparo y otros procesos contenciosos para burlar el sistema.