Uno de los aspectos claves del crecimiento y desarrollo gozado durante las últimas dos décadas proviene del fuerte impulso en la inversión privada. La lógica, ya lo sabemos, es muy simple: mayor inversión genera mayor demanda de bienes, servicios y mano de obra, lo que a su vez mejora los ingresos de las empresas y de los trabajadores, reinvirtiéndose gran parte de los primeros y mejorando la calidad de vida de los segundos. Mayores niveles de inversión significan, en el largo plazo, mayores ingresos para todos los peruanos y mayores ingresos para el fisco (lo cual, supuestamente, significaría mejores servicios públicos). Este círculo virtuoso es imposible de sostener sin inversión privada; para quienes crean lo contrario, bastaría con señalar a Cuba o Corea del Norte para zanjar la discordancia. Dicho esto, la inversión privada en el Perú viene mostrando una preocupante tendencia a la baja. Entre el 2006 y el 2010, crisis global incluida, la inversión privada creció a una tasa promedio del 23% según datos de la Cámara de Comercio de Lima. Entre el 2011 y el 2013 la misma ha crecido al 10%. Este desfase, según los datos publicados, significa cerca de US$7,800 millones por año, lo que implica cerca de 3 puntos de PBI anual. ¿Cómo explicar este fenómeno? Para el gobierno, la desaceleración se debe a factores externos. Ciertamente los últimos meses, especialmente, hemos observado una caída en los precios de nuestros principales metales: el oro y el cobre, quienes significan –cada uno– casi 5% de nuestro PBI, han caído 26% y 8% respectivamente. Empero, este es un fenómeno reciente, no algo que viene desde el 2011. Para un empresario, cualquiera sea su tamaño, invertir es un imperativo: es lo que le permite, a fin de cuentas, sostener su competitividad. Por ello, debemos deducir que los mismos quisieran invertir lo máximo posible dentro de sus escalas y la distancia –en su sector– a la tecnología más avanzada. La pregunta es, entonces, ¿qué los limita? ¿Qué es lo que impide a los empresarios desplegar sus talentos hacia la movilización de recursos humanos y financieros a fin de lograr mayores niveles de producción? Los empresarios agrícolas modernos, por ejemplo, podrían expandir sus actividades creando empleo formal si es que no existieran tantas irregularidades respecto a los derechos de propiedad. Los industriales podrían tener más obreros si menos personas hubieran sido víctimas de uno de los peores sistemas educativos del mundo; de igual manera, los emprendedores del Perú recibirían mejores tasas de crédito si los bancos no tuvieran el temor sobre la efectividad de las garantías recibidas. La minería formal podría aportar más impuestos y dinamizar en mayor medida con su demanda a las industrias locales si el gobierno gestionara de manera efectiva la conflictividad social. Los pequeños y medianos exportadores podrían expandir sus operaciones y encontrar nichos de mercado si no se vieran obstruidos por regulaciones y una burocracia ineficiente. Se podrían escribir volúmenes con ejemplos como estos; cada uno de ellos refleja, en el fondo, un área de ineficiencia por parte del Estado. No creemos, valgan verdades, que este –o cualquier otro– presidente esté en la capacidad de resolver semejantes problemas. Sin embargo, sí le corresponde desplegar iniciativas que gradualmente reduzcan estas limitaciones. Lamentablemente, no se percibe una preocupación acorde con la gravedad del problema en cuestión. En resumen, creemos que es la falta de liderazgo, de capacidad de hacer valer la ley, la inseguridad, el incremento de las regulaciones obstruccionistas, y otras acciones e inacciones desplegadas por este gobierno lo que explica esta significativa desaceleración. Siempre hay tiempo para rectificarse; ojalá se entienda la necesidad de hacerlo. (Edición domingo)