Luego de una revisión concienzuda de los aspectos técnicos y económicos, el ministro de Economía y Finanzas (MEF) y el de Energía y Minas (MEM) han sustentado en las comisiones de Energía y Presupuesto del Congreso la propuesta de ley que les permitirá otorgar la garantía del Estado necesaria al cierre del financiamiento del proyecto de modernización de la refinería de Talara. En contrapartida, el Ejecutivo (MEF y MEM) propone que su ejecución, que demanda una inversión significativa, esté acompañada de un esfuerzo por mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la empresa petrolera nacional, incluyendo la incorporación gradual de accionarios privados hasta un 49% de su capital.Desde Laub y Quijandría Consultores y Abogados, hemos apoyado consistentemente decisiones estratégicas encaminadas a crear las condiciones para que Petroperú se convierta en una empresa petrolera moderna, que agregue valor en toda la cadena de la industria, y que ayude a hacer viables los proyectos más complejos de este sector.El proyecto de modernización de la refinería de Talara no es un proyecto a fondo perdido, como algunos analistas lo han calificado. El proyecto si bien requiere de una inversión por parte de Petroperú del orden de US$ 2,730 millones y por parte de terceros de US$ 770 millones, va a permitirnos disponer de un abastecimiento energético con productos de mayor calidad, en condiciones menos onerosas que la importación.La refinería de Talara, una vez concluida su modernización, va a procesar crudos más pesados y más baratos que los que hoy procesa, y va a producir un 50% más de combustibles de mejor calidad. Los mejores márgenes unitarios de refinación y el incremento de la oferta de productos derivados, permitirán a Petroperú mejorar sus ingresos y asegurar el repago de los préstamos que necesita. La garantía del MEF contemplada es hasta por mil millones de US$, con un límite de 200 millones por año. La inversión en la refinería de Talara se efectuará al mismo tiempo que la inversión de Repsol en la Refinería La Pampilla. Ambos proyectos, en unos años, nos permitirán reducir importaciones costosas de destilados medios y contar con combustibles de bajo contenido de azufre y, por consiguiente, con un menor impacto en la salud pública. Evidentemente, la decisión del Gobierno se entiende dentro de un plan de fortalecimiento de Petroperú a mediano y largo plazo. Con la organización y los recursos humanos actuales de la empresa estatal, y la situación de sus operaciones, que están restringidas a actividades comerciales y de transporte y distribución, no sería razonable asumir un compromiso financiero de tal envergadura, señala Eleodoro Mayorga Alba, Socio principal de Laub & Quijandría.
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