A 24 horas de que el proyecto de nueva Ley Universitaria promovido por Daniel Mora fuera aprobado por la comisión de Educación, la corriente de rechazo a la misma se acrecentó. Esta vez las voces de alerta no solo llegaron desde el plano académico, sino constitucional (ver otrosí digo) y hasta empresarial. Y en el caso del oficialismo, que durante los trece meses de debate apoyó la iniciativa en el Congreso, el mutis ha sido absoluto. El impacto que podría tener la medida también puede ser económico, pues se estima que pone en riesgo US$ 1,200 millones de inversión por parte de las universidades privadas, según coincidieron fuentes del sector educativo y hasta congresistas opuestos a la ley que impulsa Mora. Esas mismas voces indicaron a Gestión que dicha inversión estaba prevista para un periodo de dos años y medio, antes de que se concluyera la aprobación del proyecto.