El informe final de la Megacomisión sobre el caso Business Track (BTR) recomienda acusar constitucionalmente al ex presidente Alan García Pérez y a los ex ministros apristas Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Miguel Hidalgo Medina, al haberse encontrado indicios suficientes que determinarían que sí hubo interferencia política por parte de las altas autoridades del gobierno aprista durante las investigaciones de este caso, en el 2009. El grupo legislativo, encargado de investigar las presuntas irregularidades durante el gobierno anterior, concluyó que las ex autoridades tuvieron una participación, en algunos casos directa, en la manipulación de las indagaciones sobre el espionaje telefónico de la empresa BTR. Entre los principales delitos que señala el informe figuran: asociación ilícita para delinquir, encubrimiento personal, obstrucción de la justicia, entre otros. El documento de más de 200 páginas fue aprobado el último martes y contiene 25 cuestiones de hecho, 10 conclusiones y aproximadamente 6 recomendaciones.