Editorial. PROBLEMA ENDÉMICO. ¿Gastar o no gastar? Esa parece ser la pregunta hamletiana que las autoridades del Gobierno se hacen cada vez que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les transfiere recursos. Y de acuerdo con las estadísticas oficiales, en muchos casos el "no" supera al "sí". Casi nadie se salva, pues la escasa capacidad de gasto cunde por los tres niveles de gobierno, incluidos quince ministerios, que han hecho uso de menos del 50% de su presupuesto y los departamentos que reciben más canon, que han ejecutado menos del 57% de lo que recibieron. Estos datos son al 31 de octubre. Lo incomprensible de este asunto es que están pidiendo más dinero para el próximo año. El Gobierno Nacional -al que pertenecen los ministerios- ha solicitado S/. 1,103 millones adicionales y los gobiernos regionales -que administran los departamentos- consideran que necesitarán S/. 9,000 millones más que lo asignado este año. Los municipios tampoco se quedan atrás en sus demandas presupuestarias ni en su deficiente uso de fondos públicos. Tal vez, los responsables de esta contradicción prefieren mantener los recursos depositados en el sistema financiero, pero esa no es la utilidad que tiene la recaudación, sobre todo considerando las enormes carencias estructurales que aquejan al país. Algunos ejemplos: el Ministerio del Interior, hoy en el ojo de la tormenta por otro más de sus escándalos -quizás el de mayor magnitud por sus posibles ramificaciones y consecuencias-, solo ha ejecutado el 26.7% de su presupuesto pese al atraso en equipamiento que aqueja a la Policía; mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con 23.4%, no ha podido concluir el refuerzo de las oficinas comerciales y las campañas de la Marca Perú han perdido el empuje de antaño. Aunque parezca un mal endémico, para solucionar este problema solo hace falta decisión y mano firme. Para lo que queda del año, el MEF tiene que evitar que las entidades incumplidas realicen gastos sin sustentación a fin de "no quedar tan mal". Para el largo plazo, junto con una capacitación integral y obligatoria -si no asisten, no habrá transferencias-, es preciso que las autoridades regionales estén sujetas al mandato por ley de rendir cuentas ante el Congreso.