La falta de técnicos en la Municipalidad de Lima que ayuden a impulsar las obras prometidas en la ciudad es uno de los cuestionamientos que ha recibido la gestión de Susana Villarán. Sin embargo, no se conocía el perjuicio económico que podía causar. La Oficina de Control Institucional (OCI) -que depende de la contraloría- analizó 52 contrataciones de bienes y servicios realizadas el último año y encontró irregularidades en 12 de ellas, las cuales han derivado en el pago innecesario de S/.107.955.Lo analizado son consultorías y compras hechas a marzo de este año, sobre todo en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que dirigió Gabriel Prado hasta el 15 de enero pasado.Uno de los errores profundizados por la contraloría es la denuncia que hizo el programa "Cuarto poder" el 17 de febrero, con respecto a que los patrulleros recién inaugurados por Prado no tenían placa ni SOAT para operar, y las luces fueron alquiladas para la foto.Pese a que el escándalo estalló 16 días después de iniciado el alquiler, el proceso no se detuvo. Se arrendaron los equipos hasta marzo, fecha en que los patrulleros salieron del depósito, y se pagó por ello S/.40 mil a la empresa Partes y Reflectivos S.A.C., como consta en dos cheques del 9 de abril.(Edición sábado).