La polémica desatada en torno a la elección de Martha Chávez como coordinadora del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia del Congreso ha puesto en evidencia una dura realidad: el proceso toma su tiempo y diez años después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), su último objetivo -la reconciliación- no se consigue en nuestro país.Mientras en el Legislativo la Comisión de Justicia dedicaba su tiempo a debatir y dejar sin efecto un pedido del congresista Heriberto Benítez (SN) para desactivar ese grupo de trabajo, a pocas cuadras, en la plaza San Martín, colectivos de derechos humanos y grupos universitarios y sociales se congregaban para protestar por la presencia de la legisladora fujimorista. En el Parlamento, Benítez no pudo convencer a sus colegas de que Chávez no debería seguir al frente de esa comisión. Pero su propuesta solo fue respaldada por los dos oficialistas presentes, mientras que siete votaron en contra (seis fujimoristas y Mauricio Mulder). El toledista Tito Valle se abstuvo. Los oficialistas José Urquizo y Cenaida Uribe renunciaron a integrar ese subgrupo de trabajo.
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