Los dirigentes de las poblaciones de la cuenca del Río Ramis, en Puno, afectadas por la contaminación de la minería ilegal, dieron un plazo de 30 días al Ejecutivo para que inicie los operativos de interdicción contra esta actividad en las localidades de Ananea (San Antonio de Putina) y Cojata (Huancané).Este fue el principal acuerdo que se tomó en la mesa de diálogo realizada ayer con el alto comisionado para la Minería Ilegal e Informal, Daniel Urresti, y funcionarios de diferentes ministerios.De esa manera los pobladores de esas localidades suspendieron el paro de 48 horas previsto para hoy y mañana.Urresti aseguró que el Gobierno está decidido a tomar medidas contra la actividad ilegal. "La interdicción minera es un hecho y se ejecutará antes de los 30 días siguientes", dijo al finalizar las conversaciones.