El informe alternativo 2013 sobre el cumplimiento del convenio 169 de la OIT fue presentado ayer con dos grandes conclusiones: la desatención del Estado en relación a los pueblos en aislamiento del país pero también el incumplimiento de compromisos que hacen peligrar la vida de estos peruanos así como de sus territorios. Este abandono de parte de las autoridades viene desde hace décadas debido a que lo primordial para los gobiernos ha sido, y es, la inversión en proyectos energéticos y de otro tipo sin tener en cuenta la situación de estas familias en contacto inicial o en aislamiento. Según el informe, cuando empezó el proyecto Camisea, el Estado peruano asumió un préstamo por cinco millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proteger la integridad y los derechos de estas personas debido a la vulnerabilidad ambiental y social del área donde se desarrollaría el proyecto.Bajo el préstamo 1441, el Estado se comprometió a cumplir 21 compromisos socioambientales para el proyecto Camisea entre los que se destaca: el fortalecimiento de la institucionalidad indígena, generación de medidas prioritarias para la protección de los pueblos de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti (RTKNN), prioridad en temas de salud, entre otros.Han pasado 10 años y el Estado nada hizo. Según la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) ha sucedido todo lo contrario, se ha debilitado la institucionalidad indígena, ya que no se realiza el proceso de consulta previa, los pueblos de la RTKNN se encuentran abandonados y después de 10 años del inicio de este importante proyecto energético no se ha cumplido con mejorar los mecanismos para la protección de la salud y la vida de estas poblaciones.