Esta semana, con motivo de las nuevas paralizaciones de los mineros ilegales en Madre de Dios en favor de su "derecho" a seguir delinquiendo, saltó a la palestra un dato indignante: el gobierno de la región ya había reconocido este "derecho" a todos los ilegales que puedan hacerse pasar por "minería pequeña" o "artesanal" (la mayoría). En efecto, hace unos meses una ordenanza (hoy derogada) autorizó este tipo de minería en las áreas de concesión forestal, pese a que, según la delegación que hace nuestra Constitución, el Gobierno Central decide el ordenamiento territorial nacional (es decir, dónde se puede o no hacer algo por motivos ambientales).No es la primera vez, ni mucho menos, que vemos este tipo de actitudes en las que un gobierno regional, tomado por algún grupo de presión económica o ideológica, rebaza sus prerrogativas para sabotear al gobierno nacional, y, de paso, a la razón y a la justicia. Así como el presidente regional de Madre de Dios intentó usar su puesto para cobijar a la minería ilegal, el año pasado su par de Cajamarca usó el suyo para boicotear a la legal, al declarar intangibles todas "las cabeceras de cuenca" (lo que estaba cerca de equivaler a una prohibición de la minería en la región). Y aun antes hemos visto gobiernos regionales que protegen al narcotráfico al promulgar ordenanzas que protegían las áreas de cultivo de coca (por ser una "planta sagrada").Naturalmente, todos estos no son ejemplos de un mal ejercicio del poder, sino de una usurpación de este. Al menos en las democracias, las autoridades son tales solo dentro del marco de decisión que les ha conferido la ley. Fuera de este marco, sus palabras son solo eso.Esto, es cierto, es algo que quienes están en el poder siempre tenderán a olvidar. Pero, por lo mismo, el Estado debería tener instrumentos para poder recordárselos con efectividad (es decir, con sanciones). Y al Congreso corresponde dárselos.(Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. A 28] /