Opinión. Julio Lira Segura, director de Gestión. Una de las reuniones mineras más grandes del mundo se inicia hoy en Arequipa. Se trata de la edición 31 de Perumin. La cita se da en momentos en que la confianza empresarial y de los consumidores sigue a la baja; y la situación del Gobierno, principalmente del ministro de Economía, se vuelve cada vez más complicada, porque a pesar de los anuncios, de medidas e inversiones, el dinamismo del crecimiento se aleja más del 6%. La minería ha sido el sector de mayor controversia en el Gobierno del presidente Ollanta Humala, al punto tal que el proyecto Conga marcó la relación con los inversionistas y los gobiernos regionales. Este año, la producción minera terminaría con un crecimiento mayor al 5%, sin embargo las exportaciones aún mostrarán una caída, debido a al descenso de los precios internacionales. Pero, aun así, las esperanzas de que el próximo año la economía peruana crezca por lo menos 5%, tienen como pilar fundamental al sector minero, por el ingreso en operación de varios megaproyectos, como Toromocho, que se iniciaron en el Gobierno pasado. Indudablemente, el punto de fricción ha sido y es la política ambiental, y que,lamentablemente, se usó muchas veces como pretexto para oponerse a diversos proyectos, pero sobre todo por razones políticas. Incluso, varios de ellos cumplían con los estándares ambientales exigidos, pero igual terminaron involucrados en conflictos sociales. Este doble estándar quedó en mayor evidencia cuando las mismas organizaciones que se oponían a la minería formal, palidecían frente a los estragos generados por la minería ilegal. Pero también es necesario llamar la atención de que la minería ambientalmente responsable recién ha pasado a tomar mayor importancia en los últimos años. Las empresas tienen allí aún mucho por trabajar. Las conclusiones a las que se lleguen en los cuatro días de Perumin no deben formar parte de los anaqueles de las empresas y los funcionarios del Gobierno, sino que deberán convertirse en acciones concretas, como la que ha prometido presentar en el evento la Unidad de Conflictos Sociales de la PCM, sobre los riesgos que acechan a los principales 50 proyectos del sector. El temor es a que los debates se centren en demasía en los diagnósticos y las propuestas sigan siendo lugares comunes.