Antes era común que el 90% de las multas ambientales impuestas a las empresas terminaban siendo judicializadas, impidiendo la labor de fiscalización del OEFA. La situación cambió a partir de abril pasado con la Ley N° 30011 que modificó la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa), ya que desde ese mes se ha judicializado el 7.36% de las multas. Sin embargo, el titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Manuel Pulgar-Vidal, alertó que "hay un conjunto de abogados que están organizando una acción judicial contra la Ley N° 30011 y su reglamento". Esta ley establece la obligación (garantía) del pago de multas a aquellos que presenten medidas cauteleras al impugnar las multas ante el Poder Judicial. Pero el grupo de abogados sostiene que "no hay razonabilidad en el establecimiento de una garantía de esa naturaleza". "Como Estado nos vamos a defender si es que (la acción judicial) se materializa. Tenemos todo el fundamento para determinar que esa garantía no solo es correcta sino que ya existe en otros sectores como la Sunat e Indecopi", dijo Pulgar-Vidal.
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