Elías Segovia, presidente regional de Apurímac, sostiene que de no modificar la normatividad se mantendrá la actual situación en la minería informal que beneficia a las mafias. Rechaza críticas de ministro del Ambiente a las regiones por supuesta incapacidad de fiscalizar a la minería ilegal.La semana pasada mineros informales de varias regiones bloquearon carreteras para exigir la derogación de normas que establecían el procedimiento de formalización de su actividad.¿Cree que el gobierno fue débil por ceder a reclamos?Primero se debe reconocer que la actividad minera artesanal no ha podido formalizarse no por falta de voluntad, sino porque la normatividad no lo permite. Pone obstáculos. Por ejemplo, se exige como requisito indispensable el contrato de la explotación minera que los titulares de las concesiones tienen que entregar a las asociaciones de mineros. Y eso no está ocurriendo.¿Ese es el principal problema?Sí porque en ese escenario se pedía que el 5 de setiembre se concluya el proceso de formalización y en el Perú no se ha formalizado ni el 10% de los mineros artesanales.En el caso de Apurímac, ¿cuántos mineros se han formalizado?De 45 asociaciones no se ha formalizado ninguna.Y con la misma normatividad, por más que amplíe el plazo a 5 años, no se logrará absolutamente nada.Entonces respalda que se hayan aplazado las acciones de interdicción que inicialmente se iniciarían el 5 de setiembre...Sí porque la PCM ha recogido propuesta de los mineros y de la ANGR, que hemos pedido acondicionar la normatividad de mejor manera. Por eso se ha instalado comisiones de trabajo con el propósito de reformular las condiciones para la formalización de los mineros. El plazo para este trabajo se vence el 5 de abril del 2014. Luego de ello ya podemos hablar de plazos para la formalización.