Que el jefe del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, actuó en el marco de la ley al reunirse siendo ministro de Justicia con el presidente del Poder Judicial, César San Martín, y la jueza Carmen Rojjasi para hablar del caso Chavín de Huántar, es la principal conclusión a la que llegó el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, con respecto a los denominados "chavinaudios"."Hemos hecho un análisis legal y jurídico respecto de la posibilidad de existencia de un hecho delictivo. No encontramos que las conductas o actos realizados en la reunión hayan tenido un contenido penal. No ha mediado en ningún tipo de entrega de dinero o prebenda. Tampoco se dan los presupuestos que configuran los delitos de tráfico de influencias, de manera que allí está descartado todo tipo de hecho que configure un delito", declaró.En tal sentido, subrayó que su despacho descartó iniciar alguna investigación a Jiménez u otra persona por esa reunión, como lo habían solicitado algunos sectores políticos y organismos defensores de los Derechos Humanos.