DECISIÓN. La semana pasada, mineros artesanales de diferentes regiones del sur del país se organizaron para bloquear la Panamericana Sur y la carretera Cusco-Abancay en rechazo al decreto legislativo que establece disposiciones para su formalización. Para apagar el fuego rápidamente -comprobándose, una vez más, cual es la forma más efectiva de canalizar las quejas en este país- el gobierno publicó un decreto supremo modificando al anterior.Dicha movida, sin embargo, ha generado más de una duda en la opinión pública, pues se dice que habría postergado en tres años la fecha límite en la cual los mineros pueden pasar a la legalidad. El ministro del ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, por su parte, ha negado rotundamente esta acusación, poniendo -de comprobarse- su cargo a disposición. Y es que la existencia de una prorroga no es fácil de determinar debido al lenguaje confuso y elusivo utilizado para redactar el texto.No obstante, la ambigüedad y timidez con la que se ha trabajado la norma resulta reveladora pues refleja la actitud que ha adoptado el gobierno frente a este problema. Un problema que, por el contrario, requiere ser afrontado con firmeza.Según la Sociedad Nacional de Minería, aproximadamente 53 mil hectáreas ya han sido destruidas por esta actividad, algo que le ha costado al país unos US$ 2.000 millones. Todo esto, aparte del daño no cuantificado en el ambiente y en la salud de las personas que entran en contacto con el mercurio comúnmente utilizado por la minería informal.Con el fin de fiscalizar a todos aquellos mineros (más de medio millón según Miguel Santillana) que no lleguen a formalizarse en abril del próximo año, tal como ha prometido hacer el ministro, lo primero es asegurar los recursos necesarios. Para ello, se requiere una mayor participación del gobierno central a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y de la Policía, así como una mayor cantidad de fiscales asignados a estos casos por parte del Poder Judicial. Finalmente, si se pretende formalizar a cientos miles de personas, lo mínimo que puede hacer el gobierno es facilitarles este proceso. Los trámites del Estado, incluyendo las concesiones y permisos de extracción, deben ser aún más sencillos y menos costosos, de forma que la formalización sea una opción más atractiva para los informales.
- [Gestión,Pág. 22] /