La performance del gobierno frente a las presiones de la minería informal, artesanal e ilegal, que culminaron con la aparente ampliación de los plazos previstos, sigue motivando cuestionamientos en diversas fuerzas políticas. La ampliación del plazo hasta abril del 2014 es un retroceso en la tarea de erradicar esta actividad y una demostración de ausencia de autoridad del Estado, según Martín Belaunde, miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.