Hasta hace poco, César San Martín era el magistrado más respetado por las ONG defensoras de los derechos humanos. Ahora lo critican y piden su separación.Gloria Cano, abogada de la parte demandante contra el Estado peruano ante la CIDH por las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el operativo Chavín de Huántar, consideró que San Martín debe ser investigado y sancionado con la destitución por haber aceptado la injerencia del gobierno hacia el proceso judicial. "La falta es gravísima. Él no solo ha orientado la sentencia, también se abocó al conocimiento de una causa de una sentencia que ayudó a construir", acotó. La abogada rechazó el argumento de que la reunión fue para "unificar criterios", pues el Estado era una de las partes y no debía reunirse con el Poder Judicial.