Diez años de cárcel, cien mil soles de reparación civil solidaria e inhabilitación de tres años para ejercer un cargo público fue el pedido fiscal sobre el alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, Óscar Mollohuanca, a quien se encontró responsabilidad por haber dirigido las protestas contra la minera Xstrata Tintaya en mayo de 2012 y que cobró la vida de cuatro personas.