INSTITUCIONALIDAD, QUÉ LEJANA AÚN ESTÁS DEL PERÚ

DEMOCRACIA. La experiencia reciente del Perú (y también la más antigua), en materia de institucionalidad y gobernabilidad, hace cada vez más urgente plantearnos la necesidad de iniciar reales, inteligentes y honestas reformas del Estado, estableciendo mecanismos que permitan involucrar en este trabajo a todos los agentes económicos, sociales, políticos y culturales del país.Y decimos urgente, porque la institucionalidad y la buena gobernabilidad son los pilares esenciales para producir mejoras significativas en los estándares de vida de los ciudadanos, como advierte el Banco Mundial. El Gobierno ha lanzado programas para poner al Estado más cerca de la población, con el fin de cumplir la promesa que hizo Ollanta Humala al asumir la Presidencia, de cerrar la brecha entre el Perú urbano y el Perú rural. Si bien se ha trabajado de manera más cercana con la mayoría de gobiernos regionales, se han priorizado los presupuestos por resultados y se intenta privilegiar la meritocracia, aún estamos lejos de alcanzar cambios significativos, principalmente por tres aspectos: se sigue actuando con criterio político-partidario, se posterga el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y porque se carece de un plan para reducir la corrupción.Y el problema no solo es del Poder Ejecutivo, pues ya hemos visto que es igual o más grave en los poderes Legislativo y Judicial. Así, tenemos que el primero hizo hasta lo imposible para mermar su propia institucionalidad, reduciendo a la vez la gobernabilidad del país, al elegir con absoluto criterio político-partidario a los miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y BCR. En tanto, el segundo no puede recobrar su institucionalidad porque está sumergido en un mar de corrupción. En suma, el Gobierno no podrá generar más institucionalidad, y de esta manera otorgar mayor gobernabilidad al país, si no controla efectivamente la corrupción; si no reduce la extensión de la economía informal; si no protege la propiedad privada; si posterga la meritocracia; si se siguen trazando objetivos tomando como base los intereses políticos y partidarios, y si sus instituciones no cumplen los preceptos legales de actuar con absoluta transparencia.