Editorial. Hace siete días lo advertimos en esta misma columna editorial. Al final, el Congreso ha cumplido la agenda que meticulosamente había estado elaborando luego de largas componendas. El resultado, por lo menos para el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, es un contundente golpe a la democracia, que más adelante se reflejará en la seguridad jurídica y en la estabilidad económica del país. Los parlamentarios han optado por escoger de una lista que no incluía a los mejores. Al contrario, han preferido a cuestionados personajes para que cumplan funciones que por su jerarquía están en el máximo escalafón del Estado. Y de esta manera han dejado sentado que lo han hecho para impedir el control, para sustraerse al orden legal y para evitar la denuncia, que son las tareas que cumplen la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. De esta manera, se podrán satisfacer apetitos políticos. ¿Qué otro objetivo tendría nombrar Defensora del Pueblo a Pilar Freitas, activa militante de Perú Posible? Además, ¿por qué el partido de gobierno ha exigido tres cupos en el Tribunal Constitucional (TC)? En el primer caso, es clara la alianza del partido de Toledo con el de Ollanta Humala, y el cuasiacuerdo para que el ex mandatario no sea investigado por el Congreso; en el segundo, debemos explicar lo siguiente: el TC solo puede declarar inadmisible una demanda de inconstitucionalidad o sentenciar inconstitucional una ley, si al menos cinco de sus siete miembros votan de esa manera. Ahora, si solo tres de los siete no votan, la demanda automáticamente es declarada infundada. Bastante coincidencia con lo sucedido ayer. Y para conseguir eso se han establecido extrañas alianzas, conduciendo al Gobierno al triste papel de aliarse al fujimorismo, y al toledismo a arriar las banderas de defensa de la democracia que ondeó a inicios de siglo. Al final de cuentas, más han pesado los intereses políticos, que la defensa de los derechos sociales, humanos y económicos.