El pedido que el presidente Ollanta Humala realizó a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) a fin de que se abstengan de emitir una resolución en temas sensibles como el de los bonos no pagados de la reforma agraria desató una polémica que el gobierno no esperaba.El magistrado Fernando Calle, respecto a ese tema, sostuvo que "se tomará una decisión respetando los derechos y teniendo la concepción sólida de que no causará perjuicio económico o político, ni se desestabilizará nada".Con ello dejó entrever que la decisión sobre la solicitud de ejecución de una sentencia del 2001, que ordena que se pague los bonos, y se actualicen todas las deudas por la expropiación de tierras por la reforma agraria, planteada por el Colegio de Ingenieros del Perú, se dará aunque aún no haya consenso.Pero esto no es nada sencillo. El exministro de Economía, Ismael Benavides, sostuvo que esa deuda ascendería nada menos que a 4.550 millones de dólares, aunque fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas estiman hoy que el pago de los bonos sería aproximadamente de mil millones de dólares.Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta -como dice el asesor de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria (Adaepra), Raúl Noblecilla- cuántos son en la actualidad los tenedores de bonos y cuánto le corresponde a cada uno, pues esa es una cifra que solo maneja el MEF.