Si bien la sesión de ayer de la Comisión de Defensa del Congreso, a la que asistieron el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, y los ministros del Interior, Defensa y Economía, Rómulo Pizarro, Marciano Rengifo y Fernando Zavala, tuvo carácter reservado, trascendió que entre los temas expuestos están las carencias por las que atraviesan nuestras Fuerzas Armadas y policiales para la lucha contra el terrorismo. Se habló en detalle de la escasez logística y de personal en las bases contrasubversivas, así como de la necesidad de ganar la confianza de la población en las zonas por donde se desplazan los remanentes senderistas, financiados por el narcotráfico, especialmente en el Huallaga y el valle de los ríos Apurímac y Ene. Fueron casi cuatro horas de reunión, a la que también asistieron el director de la Policía, Luis Montoya; el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Williams; el jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, Julio Raygada; y el presidente ejecutivo de Devida, Nils Ericsson. Todos fueron convocados a raíz de la emboscada en la que perecieron ocho policías.Esta vez PPK ya no se atrevió a dar cifras sobre cuántos procesados por terrorismo liberados habían vuelto a las andadas. "No tenemos la cifra", refirió. También dijo que no somos un narcoestado, pues lo que ocurre es que los remanentes terroristas se han acentuado en las zonas cocaleras.El primer ministro también dio cuenta de la elaboración del denominado plan de desarrollo social, que involucra una lucha contra el terrorismo en dos flancos: el repotenciamiento militar-policial y un programa social, que pasa por darle una mayor presencia al Estado en las zonas donde opera el narcoterrorismo.Este programa involucra a los sectores Transporte, Vivienda, Trabajo, Energía y Minas, Salud, Agricultura, de la Mujer y Economía. Dicho plan será puesto a disposición del jefe del Estado, Alejandro Toledo, este 15 de enero. Para su ejecución PPK anunció 50 millones de soles, que se reasignarán del presupuesto general, aprobado por el Congreso para el 2006.